Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Los gobiernos duran cuatro años y buscan resultados que puedan inaugurar antes de entregar el poder. Sin embargo, una reforma educativa es, por definición, una obra de catedral: se empieza hoy, pero sus cimientos solo serán sólidos décadas después. La Ley del Largo Plazo (Estudio del ICMI 24) es, quizás, la más difícil de aceptar para los políticos, pero la más necesaria para los educadores.
He destacado que el currículo es un ente dinámico y no lineal. No es una flecha que viaja directo al blanco, sino un proceso lleno de retrocesos, ajustes y lo que yo he llamado la Ley de la Incertidumbre (Estudio del ICMI 24). Factores externos —una crisis económica, un cambio de gobierno o una pandemia— pueden descarrilar la implementación. Por ello, la resiliencia de una reforma educativa depende de su capacidad para generar consensos que sobrevivan a las administraciones de turno.
Casos como los de Quebec o Corea del Sur enseñan que la continuidad es más importante que la novedad. Cada vez que un nuevo ministro llega y decide “empezar de cero”, se pierde el capital acumulado y se agota al magisterio. Para que una reforma educativa tenga éxito, debe contar con recursos de apoyo sostenidos: capacitación docente que no sea un evento de una tarde, sino un proceso de años; materiales didácticos de alta calidad y un sistema de evaluación que sea coherente con lo que se pide en el aula. La reforma educativa no es un evento; es una maratón de resistencia.
